El Derecho

SOCIAL

Efectos de la sentencia colectiva que declara la nulidad del despido colectivo

Coordinador: Francisco Javier Lluch Corell

Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ Comunidad Valenciana.

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La nueva regulación del despido colectivo contemplada en el art. 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -EDL 2011/222121- plantea no pocos interrogantes y cuestiones dudosas con las que se van a tener que enfrentar los profesionales del Derecho.

Una de ellas estriba en determinar los efectos de la sentencia colectiva que declare la nulidad del despido colectivo. Con carácter general la letra b) del apdo. 13 de este art. 124 -EDL 2011/222121- establece dos previsiones: a) que los procesos individuales iniciados se suspenden hasta la resolución de la demanda formulada por los representantes de los trabajadores; y b) que la sentencia firme tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los términos del apdo. 5 del art. 160 de esta Ley.

De los tres pronunciamientos que puede tener la sentencia colectiva al enjuiciar la decisión empresarial: ajustada a derecho, no ajustada a derecho y nula, parece claro que los dos primeros no enervan por sí mismos la posibilidad de que en el despido individual se puedan discutir otras cuestiones que pueden dar lugar a diferentes pronunciamientos. Pero no ocurre lo mismo si la decisión empresarial se declara nula, pues en este caso la sentencia debe declarar "el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo".

Las cuestiones que se plantean a los participantes en el foro son las siguientes: En el supuesto que se acaba de exponer en que la sentencia colectiva declara la nulidad de la decisión empresarial:

1ª ¿Qué efectos tiene esa declaración sobre los procesos individuales ya iniciados? O dicho de otro modo ¿deben estos procesos continuar hasta obtener una sentencia que no podría tener otro pronunciamiento que el de nulidad, o pueden solicitar la ejecución de la sentencia colectiva?

2ª.- ¿Alcanza, también, esa declaración de nulidad a los trabajadores que no hayan impugnado su despido?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 15 de marzo de 2013.

La respuesta a las cuestiones planteadas viene dada por lo establecido en el último inciso del apdo. 11 del art. 124 de la Ley de la Jurisdicción Social (LJS) -EDL 2011/222121- y que no hace otra cosa que establecer la consecuencia de la declaración de nulidad de la decisión extintiva de los contratos de trabajo, esto es, el derecho de los trabajadores afectados por la indicada decisión, a la reincorporación a su puesto de trabajo, consecuencia esta que era la misma que la jurisprudencia social ya había establecido cuando se declaraba por los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, la nulidad de la autorización administrativa del expediente de regulación de empleo.

Y dicha consecuencia se predica tanto respecto a los trabajadores que no han impugnado la decisión extintiva como respecto de los que han iniciado el proceso de impugnación individual de dicha decisión extintiva cuando se interpone la demanda que da lugar al proceso del art. 124 de la LJS -EDL 2011/222121- y que por dicha causa se verán suspendidos. En cuanto a estos últimos, la sentencia colectiva que declare la nulidad hará innecesaria la continuación del proceso de impugnación individual de la extinción del contrato de trabajo, pues, de continuar el mismo la sentencia que se dicte se limitaría a reiterar lo ya dicho en la sentencia recaída en el proceso del art. 124 LJS, lo que además de carecer de utilidad, iría en contra del principio de celeridad que rige tanto en el proceso ordinario como en las demás modalidades procesales (art. 74 LJS). Luego, una vez declarado el derecho del trabajador a ser reincorporado a su puesto de trabajo por la sentencia dictada en el proceso del art. 124 LJS, el proceso de impugnación individual de la decisión extintiva que se hubiera iniciado con anterioridad por dicho trabajador carecerá de objeto y lo suyo sería que el trabajador desistiese del mismo, pero en todo caso su terminación devendría obligada conforme a lo establecido en el art. 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, dado el carácter supletorio de la LEC respecto a la Ley de la Jurisdicción Social (Disp. Final 4ª LJS).

En cuanto a los trabajadores afectados por la decisión extintiva que no hubieran impugnado individualmente aquella cuando se dicta la sentencia colectiva no cabe duda que ostentan legitimación para solicitar la ejecución de dicha sentencia sin necesidad de tener que iniciar el proceso de impugnación individual ya que el mismo conforme se ha dicho antes carecería de objeto una vez declarada la nulidad de la decisión extintiva por sentencia recaída en el procedimiento del art. 124 LJS -EDL 2011/222121-.

En definitiva la ejecución de la sentencia colectiva que declara la nulidad de la decisión extintiva de los contratos de trabajo puede ser instada por todos los trabajadores afectados, con independencia de que hayan o no impugnado individualmente dicha decisión, conclusión que además de venir avalada por las razones expuestas permite una simplificación de los procedimientos de impugnación individual en trámite, evita el inicio de nuevos procedimientos de impugnación individual tras la sentencia colectiva y permite la acumulación de todas las ejecuciones a que hubieran podido dar lugar las sentencias recaídas en los diversos procedimientos de impugnación individual, con la consiguiente agilización en cuanto a la resolución de los litigios planteados que sin duda es una de las finalidades perseguidas por la LJS -EDL 2011/222121-, tal y como, por lo demás pone de relieve el Preámbulo de la indicada norma.

Sin duda que la cuestión que se plantea es una de la más complejas y discutibles del, ya de por sí problemático y complejo, art. 124 LRJS de 10-12-11 -EDL 2011/222121-, con una última redacción del precepto introducida por el art. 23,5 de la Ley 3/2012, de 6-7-12 -EDL 2012/130651-. Tal y como se plantea en la cuestión sobre la que se pregunta la opinión, la impugnación colectiva de la decisión empresarial extintiva, por parte de los representantes legales de los trabajadores, cuando finalmente la acción ejercitada tiene como resultado una declaración judicial de nulidad de la misma, lo que supondrá la declaración del derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo de conformidad con lo previsto en los apdos. 2 y 3 del art. 123 LRJS (art. 124,11, cuarto párrafo LRJS citada), abre un abanico de incógnitas procesales, que deberán de ser poco a poco jurisprudencialmente resueltas, sobre lo que se debe partir de una distinta situación, según que exista o no una previa reclamación individual por parte de los trabajadores afectados por la decisión empresarial de despido colectivo. En caso de que así sea, conforme al apdo. 13,b) del citado precepto procesal, se suspenderá la tramitación de la reclamación individual hasta la resolución firme de la demanda presentada por los representantes de los trabajadores, que tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual (también, debe añadirse, cuando la acción haya sido ejercitada por la empresa, en los términos del apdo. 3 del mencionado precepto). En este caso, siendo sin duda todo ello discutible, entiendo que la consecuencia de cosa juzgada de la firmeza de la decisión judicial colectiva, a los efectos de ejecución, deben de equiparase a los que sin generales cuando se suspende igualmente la tramitación de reclamaciones individuales como consecuencia del ejercicio de un Conflicto Colectivo: no elimina ello la continuación de la reclamación individual, que simplemente queda condicionada, debiendo de dar una contestación judicial a la acción individual planteada, siendo ya cosa resuelta la de la calificación de la decisión extintiva (de nulidad de la misma, en el caso que se analiza), pero existiendo aún otras cuestiones que parecen colaterales, pero que son propias de ser también resueltas en el proceso de despido individual (antigüedad, salario, trabajo efectivamente desempeñado, centro de trabajo), y que posibilitan una posterior ejecución individualizada, en los términos que son propios de un despido declarado nulo, que entiendo aplicables por analogía (arts. 282 y ss. LRJS).

Más complicada resulta sin duda la cuestión cuando el trabajador no ejercitó, dentro del plazo de caducidad (art. 103,1 LRJS -EDL 2011/222121-), su reclamación individual contra la decisión extintiva. No parece razonable que se pueda mantener la imposibilidad de ejecución de dicha decisión judicial firme, por parte de quienes se ven beneficiados por la misma, pues esa sería una solución contraria a lo que parece la propia finalidad de tal proceso colectivo, de evitar de modo necesario la multiplicidad de acciones individuales. La posibilidad de ejecución da así, además, sentido a la obligación de que la empresa notifique, a los trabajadores que pudieran resultar afectados por la decisión judicial colectiva, la existencia de tal proceso, para que comuniquen al órgano judicial un domicilio a efectos de notificación de la sentencia, lo que en otro caso, resultaría una obligación carente de razonabilidad. Sin duda que, no existiendo previsión especial, puede ser complicada (y discutible) la solución a adoptar, pero podría ser, nuevamente por analogía, y aunque no estemos propiamente ante un supuesto de la modalidad procesal de conflicto colectivo, lo dispuesto en el art. 160 LRJS, que permite, tras la individualización de los afectados, la ejecución de la Sentencia colectiva. Que, también puede ser objeto de individualización en trámite incidental, si no lo fue de modo suficiente en la fase declarativa. Esta era, en definitiva, la consecuencia que antes derivaba de la impugnación, en sede contencioso-administrativa, de la resolución administrativa: los efectos derivados de la misma, si se anulaba la autorización de la autoridad laboral, computaban a partir de la notificación de la Sentencia, reabriéndose así la posibilidad de reclamaciones individuales.

Sin duda que también introducirá un elemento fáctico a tomar en consideración, el que la empresa, antes de la acción colectiva, haya notificado o no individualmente y de modo expreso, a los trabajadores afectados por su decisión extintiva, su concreta inclusión dentro del despido colectivo, lo que introduce así el debate sobre la caducidad de la acción individual, y en qué medida ello puede quedar enervado por la ulterior decisión judicial colectiva. Pues, en caso de no existir comunicación expresa -más allá de la obligación a que se refiere el art. 124,9, segundo párrafo LRJS citada -EDL 2011/222121-, no equiparable a una comunicación escrita de despido-, mal se puede iniciar el cómputo del plazo de caducidad. Por lo que entiendo, en definitiva, que la declaración de nulidad de la decisión extintiva también afectará a los trabajadores que no hubieran planteado acción individual.

En resumen, como adelantaba, una cuestión compleja, que no parece bien diseñada por el legislador y que, presumiblemente, dará lugar a más problemas de los deseables, por encima del que ya de por sí supone la propia decisión extintiva, tanto para el empleador, como especialmente, para el empleado.

La finalidad del nuevo art. 124 LRJS -EDL 2011/222121- es garantizar respuestas homogéneas para las extinciones colectivas, de manera que las extinciones individuales han de seguir la misma suerte que el despido colectivo, por lo que si la sentencia colectiva declara la nulidad los procedimientos que se sigan por extinciones individuales deberán continuar hasta obtener una sentencia que deberá declarar también la nulidad. La apertura de la impugnación colectiva suspende la tramitación de las impugnaciones individuales hasta que se dicte sentencia firme en aquélla; sentencia que tendrá efecto de cosa juzgada en el proceso individual. Y estas sentencias dictadas en el proceso de despidos colectivos tienen en principio una naturaleza meramente declarativa, ya que, al no ejercitarse pretensiones de condena, no son ejecutables. Con todo, es preciso reconocer que este panorama ha venido a eclipsarse con la Ley 3/2012, de 6 julio -EDL 2012/130651-, en la medida que el nuevo art. 124,11, párrafo 4º, dispone que cuando la sentencia declare nulo el despido se «declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación en sus puestos de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 123 de esta Ley», dicción a la que se acogen algunos para sostener en este supuesto concreto se trata de sentencias de condena ejecutables. En nuestra opinión, sin embargo, no cabe la posibilidad de que la sentencia que declare la nulidad de la decisión empresarial de proceder a un despido colectivo se pueda ejecutar en ese mismo proceso, sino que los trabajadores deberán impugnar su despido individual por el cauce previsto en los arts. 120 a 123 de la LRJS, ejecutándose las consecuencias condenatorias en ese proceso individual. Para que la sentencia colectiva pudiera ser ejecutable tendrían que introducirse en el proceso a través de la demanda los factores de individualización del art. 157,1,a) LRJS, lo que al decir de reputada doctrina introduciría un elemento muy alto de complejidad, aparte de que la individualización es muy difícil desde el momento en que no cabe discutir en ese proceso las preferencias en el cese. Y sin tales factores de individualización mal cabe fijar una condena, en la que tendrían que fijarse los trabajadores incluidos en la misma y determinarse las condiciones de readmisión.

En corolario, no puede darse la modalidad procesal colectiva sin la individual, la una sin la otra, lo que debe entenderse alcanza también a los trabajadores que no hayan aún impugnado individualmente su despido después de conocer la declaración de nulidad en el proceso colectivo, que tampoco podrán ejecutar la sentencia dentro de este último, tan es así que, una vez firme la sentencia de este último, tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los términos del apdo. 5 del art. 160 LRJS -EDL 2011/222121-, esto es, sobre los procesos individuales que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél.

En el proceso de impugnación colectiva, aunque al empresario se le encomiende notificar a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo la existencia del proceso planteado por los representantes de los trabajadores, tan solo cumple esta función para que en el plazo de quince días se comunique al órgano judicial un domicilio a efectos de notificación de la sentencia, art 124,9,2º Ley 36/2011, de 10 octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, LRJS -EDL 2011/222121-, pero no los constituye en parte y si no lo son, aunque se pudiera dudar que deban quedar vinculados por la cosa juzgada de la sentencia que se dicte sin afectar a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el apartado 13.b, viene a establecer que una vez firme la sentencia en el proceso colectivo, tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los términos del apdo. 5 del art. 160 LRJS. De ahí que en los juicios de las demandas individuales de despido que se tramiten el juez pueda declarar que no existe causa justa para el despido, aunque la impugnación colectiva de los representantes legales de los trabajadores hubiera sido desestimada, puesto que el trabajador individual podrá hacer alegaciones y presentar pruebas que no hicieron o presentaron los representantes colectivos. Que no son parte lo reafirma el apdo. 12, del art. 124, cuando prevé que una vez firme la sentencia, se notificará a quienes hubieran sido parte y a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo que hubiesen puesto en conocimiento del órgano judicial un domicilio a efectos de notificaciones, a los efectos previstos en la letra b) del apdo. 13 de este artículo y si no, no parece posible la acción ejecutiva individual, sin perjuicio de indicar el apdo. 11.4º, in fine, del precepto que en el supuesto de declaración de nulidad de la decisión extintiva, la sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apdos. 2 y 3 del art. 123 de esta Ley, por lo cual, aunque la interposición de la demanda, art. 124,13,b LRJS, suspende la tramitación de las de despido, quedando también, suspendido el plazo de caducidad de las acciones individuales, art. 14,6,2º, los trabajadores se ven abocados a presentar demanda, ya que en el caso que ni sus representantes legales, ni el empresario, ejercitaran la acción, la suya caducaría, por ello los trabajadores afectados por el despido, deben interponer todos y cada uno, sus demandas individuales, previa conciliación administrativa, dentro del plazo de caducidad de 20 días desde la fecha de efectos de su despido, ya que el que no lo hicieran así, pierden la posibilidad para después reclamar contra su despido. En otro caso, interpuesta la demanda colectiva, el plazo de caducidad de la acción individual, comenzará a contar desde el día en que al trabajador le sea notificada la sentencia del proceso colectivo, apdo. 12, del precepto comentado. En las demandas ha de reclamarse la nulidad del despido y alegar los motivos de naturaleza individual, normalmente referidos a los criterios de selección de los afectados u otros que estime pertinentes, salarios, antigüedad, etc., que no versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél, art. 160,5, al tener la sentencia firme, eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los términos del apdo. 5 del art. 160 de esta LRJS.

Las consecuencias sobre la calificación de los despidos individuales, de la ilegalidad del despido colectivo, en este caso, es su nulidad, apdo. 11,3 -EDL 2011/222121-, nulidad que debe alcanzar a todos los despidos, con independencia de su impugnación, ya que como indicamos, el plazo de caducidad, comienza, en el caso del ejercicio de la acción colectiva, en la fecha que se le notifica la sentencia, por lo cual, aquél que no hubiera ejercitado con anterioridad la acción, una vez declarado el despido nulo, cabe la posibilidad de formular demanda, a fin de conseguir tal calificación para su despido y reitero, la posible ejecución individual de la sentencia de despido colectivo, queda sin resolver en la norma y tal vacío legal obliga a concluir que, cada uno de los trabajadores afectados, se ve obligado a interponer demanda individual de impugnación de la extinción de su contrato de trabajo, en la que el suplico será la declaración de nulidad de dicha extinción en base a la previa sentencia obtenida en proceso colectivo que declaró la decisión empresarial no ajustada a derecho, interpretación que no está exenta de efectos negativos, puesto que ello supone obligar al ejercicio de acciones procesales por parte de todos y cada uno de los trabajadores afectados, pese a la existencia de una sentencia que debiera producir efectos.

Cabe por último decir que el art. 124,13,c LRJS -EDL 2011/222121-, también contempla una serie de especialidades para el supuesto en el que se pretenda una impugnación individual de la decisión de extinción colectiva de contratos de trabajo, reconociendo que el despido será nulo, cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el art. 51,2 ET -EDL 1995/13475- o no haya respetado el procedimiento establecido en el art. 51,7 del mismo texto legal, o cuando no se hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los supuestos en que esté legalmente prevista, además de por los motivos recogidos en el art. 122,2 LRJS, cuando resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas; durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, etc.

Muchos son los problemas que puede plantear en la práctica la adecuada integración de las normas que regulan el procedimiento de despidos colectivos del art. 124 LRJS -EDL 2011/222121-, con las situaciones jurídicas individuales de los trabajadores afectados por ese mismo despido.

Pero de lo que no cabe ninguna duda es que el legislador ha querido que el procedimiento de despido colectivo sea el cauce adecuado para resolver de manera conjunta y unificada todas las cuestiones de naturaleza colectiva que puedan incidir por igual y en idénticos términos en los trabajadores afectados por el despido colectivo.

Y no solo porque sea sin duda aconsejable y perfectamente razonable la solución conjunta y unificada de ese tipo de cuestiones colectivas para evitar multiplicidad de sentencias individuales, que pueden ser incluso contradictorias, sino también porque es consecuencia obligada de la atribución al empresario de la facultad unilateral de acordar los despidos colectivos tras suprimir la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo.

Por ese motivo el propio art. 124,13º LRJS -EDL 2011/222121- supedita la tramitación de los procesos individuales al colectivo, imponiendo la suspensión de aquellos y el efecto de cosa juzgada de la sentencia colectiva en los términos del art. 160,5º de la misma LRJS, incluso, en lo que es menester, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, como expresamente indica este último precepto al que se remite.

Y no solo eso, sino que el art. 124,3º LRJS -EDL 2011/222121-, tras la última reforma laboral, legitima incluso al propio empresario para iniciar este procedimiento colectivo, interponiendo la demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisión extintiva, en el supuesto de que hayan transcurrido los veinte días de caducidad de la acción de despido y no se hubiere instado el procedimiento colectivo por la representación de los trabajadores.

De lo que se desprende la total y absoluta preferencia y prevalencia del proceso colectivo sobre los individuales, en lo que debemos considerar una decisión acertada y muy razonable del legislador, que pretende con ello evitar la dispersión de procesos judiciales con una misma causa, potencialmente posible en todo el territorio nacional cuando se trate de una empresa de tal ámbito.

La conclusión no puede ser otra que la de entender que todas aquellas cuestiones jurídicas de carácter colectivo que pudieren derivarse de la decisión empresarial y afectar por igual a todos los posibles y eventuales procesos de despido individuales, han de dilucidarse de forma vinculante en el proceso colectivo y, consiguientemente, desplegar efecto de litispendencia y cosa juzgada en cualquier procedimiento individual en el que se puedan igualmente plantearse.

Es evidente que el núcleo principal y cuestión esencial en la que está pensando el legislador al regular el proceso colectivo y sus efectos, es sin duda la concurrencia o no de la causa económica, técnica, organizativa o de producción invocada por el empresario en su decisión del despido colectivo, de tal manera que el pronunciamiento de la sala social sobre la concurrencia o no de esas causas resulte del todo vinculante en los procedimientos individuales, impidiendo de esta forma que se produzcan pronunciamientos diferentes al respecto en los órganos judiciales unipersonales y supeditando todos ellos al que pueda recaer en el proceso colectivo, ya sea a instancia de la representación de los trabajadores, o del propio empresario que desee unificar y pacificar esa cuestión ante la perspectiva de afrontar una multiplicidad de procesos individuales de despido de resultado incierto y posiblemente contradictorio.

Es por ello que entendemos que ese mismo criterio unificador ha de aplicarse a todas y cada una de las cuestiones comunes que puedan ser objeto del despido colectivo del 124 LRJS -EDL 2011/222121-, en la medida en que afecten por igual a todos los trabajadores afectados.

Siendo esta la voluntad del legislador, ha de prevalecer como criterio ordenador de las decisiones de los órganos judiciales, que deberían evitar en lo posible la elusión de esta regla aplicando criterios de sentido común en la aceptación del carácter vinculante de la sentencia colectiva.

[[QUOTE2:"...entendemos que la sentencia de la sala social que declara la nulidad del despido colectivo despliega en todos ellos efectos jurídicos de cosa juzgada,..."]]

Bajo esos parámetros, habiéndose planteado procedimientos individuales de despido, incluso aunque en los mismos no se hubiere invocado la nulidad del despido, entendemos que la sentencia de la sala social que declara la nulidad del despido colectivo despliega en todos ellos efectos jurídicos de cosa juzgada, lo que obligaría al juzgado de lo social a dictar sentencia en tal sentido declarando la nulidad del despido individual enjuiciado en aplicación de los efectos de cosa juzgada de la sentencia colectiva, con independencia de resolver además las posibles cuestiones individuales que pudieren haberse suscitado.

No debe dictar auto de sobreseimiento el juzgado de lo social en aplicación del art. 421,1º LEC -EDL 2000/77463-, puesto que ha de proceder a la ejecución de la sentencia de nulidad que, a nuestro entender, no corresponde a la sala de lo social que ha conocido del proceso colectivo, sino actuar como ordena el art. 222,4º LEC, por tratarse de un supuesto en el que la cosa juzgada se extiende al proceso individual por disposición legal, siendo muchas las incidencias individualizadas que pueden suscitarse en la específica readmisión regular de cada uno de los trabajadores.

Esto supone levantar la suspensión que ha de pesar sobre el proceso individual de despido en aplicación de la regla del art. 124,13º b) LRJS -EDL 2011/222121- que así lo dispone expresamente, para continuar el procedimiento en el trámite en que se encuentre hasta dictar sentencia declarando su nulidad en los mismos términos establecidos en la sentencia colectiva y seguir luego los trámites legales para su ejecución.

A salvo de que la empresa haya aceptado y aplicado los efectos de la sentencia colectiva, y se produzca una situación de terminación del proceso individual por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto en los términos del art. 22 LEC -EDL 2000/77463-.

Más problemática parece en cambio la respuesta a la segunda de las cuestiones que se someten a nuestra consideración, esto es, si esa declaración de nulidad alcanza también a los trabajadores que no hayan impugnado su despido.

El problema viene dado por los efectos de la caducidad de la acción de despido, en lo que el art. 121 LRJS -EDL 2011/222121- no ha incluido ninguna excepción vinculada a la eventual existencia de un proceso colectivo, a modo de suspensión o similar del transcurso de ese plazo, pese a que la misma ley introduce luego un procedimiento tan novedoso como el de su art. 124.

Es evidente que mientras la acción de despido individual se pudiere ejercitar dentro del plazo de caducidad el trabajador podría beneficiarse de los efectos de cosa juzgada del proceso colectivo, lo que será muy difícil de ver en la práctica, porque el plazo de caducidad comenzará para cada trabajador desde la notificación de la extinción de su contrato de trabajo y quedará solapado con el de tramitación del proceso colectivo.

Aún así, resulta ciertamente extraño sostener que la declaración de nulidad del despido no alcance a los trabajadores que no lo han impugnado individualmente, en aquellos supuestos en los que la decisión empresarial venga acompañada de una lista identificativa con el nombre de los trabajadores afectados, de forma que los efectos de la sentencia colectiva que declara la nulidad se extiendan por igual a todos ellos.

En estos supuestos estaríamos ante la misma situación jurídica anterior cuando era necesaria la tramitación de expediente de regulación de empleo ante la autoridad laboral, en los que el trabajador individual podía reclamar la readmisión en la empresa en ejecución de la sentencia judicial que anulaba y dejaba sin efecto la resolución administrativa que autorizó inicialmente las extinciones colectivas de contratos, y que fue recurrida en vía judicial por la representación de los trabajadores, aunque no lo hicieren los afectados a título individual.

De la misma forma entendemos que el trabajador que no impugnó individualmente la decisión empresarial del despido colectivo, puede también solicitar la readmisión en la empresa en ejecución de la sentencia colectiva que declara su nulidad, y en caso de negarse el empleado instar el oportuno proceso de despido por esta causa.

Lo contrario sería tanto como obligar necesariamente a litigar a todos los trabajadores afectados, incluso tras conocer la existencia del proceso colectivo en el que se discute la nulidad de todos los despidos, dando lugar con ello a multitud de pleitos individuales que deberían quedar en suspenso, y lo que es aún peor, generando un distinto tratamiento jurídico entre unos y otros trabajadores en función de que hubieren o no presentado demanda previa de despido, cuando todos ellos se han visto afectados por igual con la decisión empresarial que ha sido declarada nula.

Otra cosa es que la sentencia de despido colectivo desestime la pretensión de nulidad de la demanda, en cuyo caso parece evidente que la acción de despido individual habría caducado para los trabajadores que asumieron el riesgo de no ejercitar la acción individual en los veinte días siguientes a la notificación a que se refiere el art. 14 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo -EDL 2012/224880-.

1. La respuesta a la primera cuestión continúa siendo problemática incluso tras la modificación del art. 124 LRJS -EDL 2011/222121- operada por la Ley 3/2012 -EDL 2012/130651-. Ahora bien, como seguidamente trataré de argumentar, sustancialmente nada ha cambiado en términos procesales con respecto a la regulación que daba el RDL 3/2012 -EDL 2012/6702-. Subsiste cierto vacío normativo regulador de estas consecuencias, pero está claro que la sentencia en este supuesto sigue teniendo naturaleza declarativa y no es ejecutable como sentencia colectiva. En este caso, no cabe la aplicación analógica de determinada normativa reguladora de la ejecución de sentencias colectivas (revocación de autorización de extinciones de contratos en casos de fuerza mayor ni la de ejecución de conflictos colectivos), y los efectos prejudicial o positivo de la cosa juzgada (art. 124 apdos. 3, 7 y 13 b) LRJS) se proyectan en relación a otros procesos (los individuales o en el de oficio).

2. En efecto, el nuevo texto legal precisa ahora que el contenido de la sentencia que declare "nula la extinción extintiva" colectiva deberá contener el siguiente pronunciamiento: la declaración del "derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartado 2 y 3 el artículo 123 de esta Ley -EDL 2011/222121-". El RDL 3/2012 -EDL 2012/6702- se limitaba a establecer un pronunciamiento declarativo ("declarará nula la decisión extintiva") en determinados supuestos. No debe olvidarse que dicho RDL 3/2012 derogó el apdo. 11 del art. 151 LRJS que regulaba las consecuencias de la sentencias que anulaban resoluciones administrativas que hubieran extinguido contratos de trabajo y específicamente los términos de su ejecución indicando el derecho a la reincorporación de los trabajadores y una posible ejecución transformativa (opción entre indemnización y readmisión); y tampoco puede dejarse de lado que la Ley 3/2012 -EDL 2012/130651- vuelve a dar contenido al apdo. 11 del citado art. 151 LRJS regulando consecuencias de las sentencias que dejen sin efecto resoluciones administrativas que anulen extinciones de contratos de trabajo derivados de fuerza mayor (uno de los supuestos de despido colectivo en los que pervive la autorización administrativa).

3. Por una parte, la entrada en juego de la analogía no es viable. En primer término, con respecto a la derogada regulación, por la elemental razón de no vigencia de la norma. Y en cuanto a la posible aplicación del régimen de ejecución de las extinciones colectivas derivados de fuerza (apdo. 11 art. 151 LRJS -EDL 2011/222121-, versión L. 3/2012 -EDL 2012/130651-) porque la configuración de esa nueva modalidad procesal se asienta sobre presupuestos sustancialmente distintos a la modalidad procesal del despido colectivo regulada en el art. 124 LRJS. Adviértase que en la modalidad del art. 151 LRJS regula una legitimación activa abierta, incluyendo a quienes ostenten derecho e intereses legítimos (apdo. 5 art. 151) lo que viabiliza pretensiones individuales, que no son posibles en la modalidad procesal del art. 124 LRJS. Tampoco cabe la opción legal de aplicar el régimen legal de las ejecuciones en conflictos colectivos (art. 247 LRJS) por dos razones: una, porque no incluye, deliberadamente, el despido colectivo en su ámbito de aplicación (apdo. 2 art. 247 LRJS). Téngase en cuenta que este ap.2 fue modificado por la Ley 3/2012, lo que deja pocas dudas al intérprete o al aplicador de la norma. Y una segunda razón: no estamos ante una sentencia de condena de cantidades sino para la obligación de readmisión, aunque bien es cierto que pudiera en algunos casos ser susceptible de ejecución individual, pero estaría condicionada a que figurasen en la sentencia datos suficientes para ello (cuantía de las indemnizaciones percibidas, salarios reguladores, antigüedades, etc.) extremos no exigidos legalmente para que formen parte del objeto de debate, como tampoco hay previsión legal específica de que quepa la discusión en un proceso declarativo las cuestiones sobre preferencias entre trabajadores. Admitir como objeto procesal en la ejecución todas estas cuestiones, sin soporte normativo alguno, supondría concebir de manera excesivamente elástica y versátil que llevaría a desfigurar el objeto principal del proceso regulado en el art. 124 LRJS, que sigue ajustándose a lo colectivo y declarativo. De hecho el último inciso del párrafo tercero del apdo. 11 del art. 211 LRJS expresa a las claras un pronunciamiento declarativo del "derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo (...)". Desbordar su contenido en fase de ejecución colectiva compadecería mal con la seguridad jurídica y la condición de ius cogens de las normas procesales.

4. Por otra parte, el efecto positivo de cosa juzgada que atribuye el art. 124,13 -EDL 2011/222121- con remisión al art. 160,5 LRJS sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse deriva igualmente del art. 222,4 LEC -EDL 2000/77463-, se produce por disposición legal y exige otro proceso (el individual o los individuales) para su aplicación, y ulterior ejecución en su caso. Por tanto, el contenido de la sentencia de despido colectivo que declare la nulidad debe proyectarse sobre otros procesos que son, en el caso planteado, las reclamaciones individuales. Estas a su vez constituyen el cauce procesal idóneo para individualizar las consecuencias condenatorias de las pretensiones entabladas (entre ellas, las propias de los efectos de la readmisión en relación con la indemnización percibida, art. 123,2 y 3 LRJS) y, en su caso, son las únicas susceptibles de ejecución. El efecto positivo de la cosa juzgada de la sentencia colectiva explica procesalmente el (efecto previo) suspensivo de los procesos individuales (art. 124,13,b) LRJS); si no fuera así la solución sería el sobreseimiento por litispendencia de las impugnaciones individuales y en su momento el efecto excluyente de la función negativa de la cosa juzgada (en este sentido, Desdentado), previsión que la LRJS desde luego no contempla. Además, la necesidad de continuar los procesos individuales en lugar de instar eventualmente la ejecución colectiva ante la Sala que la dictó, resulta evita distorsiones y complejidades en el ámbito de la competencia de Juzgados y Salas, que de no ser así, llegaría afectar incluso al régimen legal de recursos. En todo caso, está claro que los trabajadores que no impugnaron individualmente el despido, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 124,6 pfo segundo, tendrían título judicial (la sentencia colectiva) para interesar la ejecución en el juzgado de lo social competente.

5. Por último, abonaría la tesis de la inviabilidad de la ejecución de la sentencia colectiva que declare la nulidad de la extinción, la inexistencia de precepto en la LRJS -EDL 2011/222121- que permita, como sí sucede en el orden contencioso-administrativo (arts. 110 y 111 LRJCA -EDL 1998/44323-), la extensión de las sentencia firmes al proceso de ejecución de las mismas cuando se refiere al personal de la Administración que se encuentren en idéntica situación jurídica.

6. En cuanto a la segunda cuestión planteada, es evidente que la declaración de nulidad también afecta los trabajadores que no hayan impugnado su despido. No puede ser de otra manera, pues tanto los que han impugnado individualmente como los que no lo hicieron, ninguno de ellos fueron parte en el proceso, al menos en cuanto parte procesal legítima (art. 10 LEC -EDL 2000/77463-). Los términos del art. 124,11 LRJS -EDL 2011/222121- inciso último, no distinguen entre unos y otros, sino que aluden al derecho de los "trabajadores afectados a la reincorporación". Trabajadores afectados son tanto los que impugnaron individualmente como los que no lo hicieron, lo que encuentra lógico reflejo en la notificación de la sentencia también a todos los trabajadores que pudieran resultar afectados (apdo. 12 art. 124 LRJS). Además, no existe en la modalidad procesal del art. 124 LRJS previsión análoga a la recogida en el art. 160,3 LRJS que impone el deber de que la sentencia contenga, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.

No parece que resulte posible, a la vista de las previsiones legales, que la sentencia colectiva dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia (o de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, resolviendo recurso de casación) que declare la nulidad del despido y el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo sea susceptible de ejecución ante el propio Tribunal que dictó la sentencia en la instancia. Son varias las razones que impiden admitir dicha posibilidad:

La primera, la propia redacción del precepto, que alude a la "declaración" del derecho de los trabajadores a la readmisión y no a la "condena" del empresario a que la lleve a efecto.

En segundo lugar, no se ha regulado ningún procedimiento ejecutivo para que dicha ejecución pueda llevarse a efecto, ni la ejecución definitiva de la sentencia firme, ni la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Y no parece que la ejecución de la sentencia colectiva pueda llevarse a cabo por las reglas sobre la ejecución en sus propios términos de la sentencia de despido contenido en los arts. 282 a 284 LRJS -EDL 2011/222121- ni, en caso de ejecución provisional, por las contenidas en los arts. 297 a 302. Teniendo en cuenta, sobre todo, que en la sentencia colectiva el reconocimiento del derecho de los trabajadores a la readmisión se hace de forma genérica, sin individualizar a los trabajadores afectados ni incluir las circunstancias laborales de cada uno de ellos.

Y tampoco parece, en fin, que la sentencia pueda ejecutarse por la Sala que ha conocido del proceso en la instancia por la vía del art. 247 LRJS -EDL 2011/222121-, que regula la ejecución de las sentencias recaídas en procesos de conflictos colectivos estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apdo. 3 del art. 160 y que no hace ninguna referencia a la sentencia dictada en el proceso del art. 124. Teniendo en cuenta, además, que cuando el apdo. 13,b) del art. 124 aborda los efectos del proceso de despido colectivo sobre los procesos individuales pendientes, lo hace señalando que éstos se suspenderán hasta la resolución del proceso colectivo, cuya sentencia firme tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los términos del apartado 5 del art. 160. Es decir, se remite al juego "tradicional" entre el proceso colectivo y los procesos individuales en virtud del cual la concreción e individualización de los pronunciamientos de la sentencia colectiva debe necesariamente llevarse a cabo en nuevos procesos -individuales o plurales- en los que los pronunciamientos de la sentencia colectiva producen efectos de cosa juzgada positiva o prejudicial. Y no a la novedosa posibilidad introducida por el art. 247 LRJS de que la concreción e individualización de los derechos reconocidos en la sentencia colectiva se lleve a cabo ejecutando la propia sentencia colectiva.

Parece, por tanto, en principio, que, cualquiera que sea el pronunciamiento de la sentencia colectiva al enjuiciar la decisión empresarial (ajustada a derecho, no ajustada a derecho o nula), la firmeza de la misma determinará que se reanude la tramitación de los procesos individuales pendientes o que se puedan presentarse nuevas demandas individuales por los trabajadores afectados por el despido colectivo (conforme al art. 124,6 -EDL 2011/222121- la presentación de la demanda colectiva suspenderá el plazo de caducidad de la acción individual del despido) que darán lugar a los correspondientes procesos individuales o plurales (evidentemente, es posible la acumulación subjetiva de acciones o la acumulación de procesos), sobre cuyos procesos individuales o plurales ya se ha dicho que la sentencia colectiva producirá los efectos positivos o prejudiciales de la cosa juzgada.

Ahora bien, si esta solución es la adecuada en los casos en que la sentencia declare el despido colectivo ajustado a derecho o no ajustado a derecho, puesto que en ambos casos, al margen de lo resuelto con carácter general por la sentencia colectiva, el trabajador individualmente afectado puede discutir aspectos, referidos a la extinción de su contrato, que determinen la improcedencia o la nulidad de la decisión extintiva empresarial, tal no sucede en los supuestos en los que la sentencia colectiva declara la nulidad del despido colectivo.

En efecto, en tal caso la sentencia colectiva declara nula la decisión extintiva y el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo, con lo que ya no hay litigio en el proceso individual pendiente o al cual pudiera dar lugar la posterior demanda de trabajadores afectados, cuya decisión no puede ser otra que la ya adoptada en el proceso colectivo: la declaración de nulidad del despido y la condena a la readmisión del trabajador demandante. Podría, incluso, defenderse que en ese proceso se habría producido una pérdida sobrevenida del objeto litigioso.

[[QUOTE2:"...la única utilidad de los procesos individuales sería la de constituir un título ejecutivo que permitiera exigir al empresario el cumplimiento forzoso de la obligación..."]]

Parece, entonces, que la única utilidad de los procesos individuales sería la de constituir un título ejecutivo que permitiera exigir al empresario el cumplimiento forzoso de la obligación en el supuesto de que no lo haya hecho voluntariamente. Título ejecutivo en el que se contendría una obligación de readmisión que sería objeto de ejecución "en sus propios términos" (arts. 282 y ss. LRJS -EDL 2011/222121-).

Esta solución provoca dudas en las variadas situaciones que pueden darse en la práctica. ¿Qué ocurre con los trabajadores que no han formulado demanda individual en el plazo de caducidad? ¿Pierden su derecho pese a que la sentencia colectiva ha declarado la nulidad de su despido y reconocido su derecho a la reincorporación? ¿Deben, además, devolver la indemnización percibida? La sentencia que se dicte en el proceso individual resolverá, lógicamente, sobre los salarios dejados de percibir por el trabajador desde el despido declarado nulo por la sentencia colectiva, pero el trabajador, normalmente, habrá percibido prestaciones por desempleo que habrán de ser reintegradas al SPEE. ¿Quién es en estos casos el responsable del reintegro? ¿Podrá resolverse en la sentencia de despido sobre el descuento de las prestaciones por desempleo de los salarios de tramitación? ¿Y sobre la compensación con estos últimos de la indemnización percibida? ¿Qué ocurre en los supuestos en los que la empresa ha procedido a la readmisión pero el trabajador afectado la considera irregular?

La solución podría encontrarse en una "tercera vía", la de considerar que la no readmisión del trabajador tras la declaración de nulidad del despido colectivo y el derecho de los trabajadores a la reincorporación constituye "un nuevo despido", posibilidad que encuentra apoyo en la doctrina jurisprudencial que, antes, naturalmente, de la reforma laboral de 2012, ha venido considerando que la no readmisión del trabajador tras la anulación por los órganos judiciales del orden contencioso administrativo de la autorización administrativa para el despido colectivo constituye un nuevo despido del trabajador (SSTS de 10-10-2006 -EDJ 2006/331230-, 19-11-2007 -EDJ 2007/243338- y 9-10-2009 -EDJ 2009/276090-, entre otras).

En efecto, el despido acordado por el empresario al amparo del art. 51 ET -EDL 1995/13475- extingue el contrato de trabajo, pero esa extinción está condicionada por la eventual impugnación colectiva de la decisión extintiva de alcance colectivo y, si el despido colectivo se declara nulo por sentencia firme, tal declaración se proyecta de forma automática sobre el contrato de trabajo extinguido, de forma que el trabajador debe ser readmitido (así lo declara también la sentencia) y, si no lo es, está legitimado "para pedir el reingreso en la empresa y para demandar por despido al empleador ante la falta de readmisión" (SSTS de 21-12-2001 -EDJ 2001/97805- y 17-01-2002 -EDJ 2002/13504-). Es decir, anulada la decisión colectiva del empresario, "no nace un nuevo vínculo laboral, sino que se restablece el inicial y, por tanto, la vigencia del contrato". De ahí que la empresa está obligada a readmitir al trabajador y, al no hacerlo, se produce un despido tácito que ha de enjuiciarse como tal y que, seguramente, a salvo supuestos de lesión de derechos fundamentales o de que el trabajador/a se encuentre en alguna de las situaciones que se mencionan en los arts. 53,4 y 55,5 ET -EDL 1995/13475-, debe calificarse como despido improcedente, en virtud del art. 55,5 ET, constituyendo así una "vía de escape" a la ejecución "in natura" que probablemente el propio trabajador no desee en la mayoría de los casos.

Solución, esta última que servirá asimismo para solventar los problemas que, sin duda, van a suscitarse cuando la empresa proceda a la readmisión de los trabajadores pero éstos -o alguno de ellos- denuncie que la readmisión es irregular, puesto que esta situación es evidente que no puede abordarse en el proceso "individual" del art. 124,13 LRJS -EDL 2011/222121- (cuyo objeto el la calificación del despido) y tendrá que ser planteada por el trabajador afectado en una demanda independiente, en la que, según los casos, podrá instar la extinción indemnizada del contrato "ex art. 50 ET -EDL 1995/13475-", plantear, por la vía del art. 138 LRJS, una demanda en materia de movilidad geográfica o modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, etc.

El Derecho Grupo Francis Lefebvre no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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